Los desarrollos normativos que se han producido tanto en el ámbito de la Unión Europea como sus correspondientes trasposiciones a nivel estatal subrayan la importancia que el almacenamiento energético tiene en la transición hacia una economía más sostenible y la integración de energías renovables en el sistema eléctrico, de suerte que se pueda conseguir el objetivo de descarbonización de forma generalizada.
Sin embargo, a pesar de este apoyo normativo, las estructuras del estado no han estado en consonancia. No ha sido hasta fechas muy recientes en la que se ha promulgado un Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para abordar de forma efectiva los retos que se plantean en la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. El Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo de 2024, que modifica el Real Decreto 1009/2023, establece, entre otras cosas, la creación de comisionados específicos para Energías Renovables, Ciclo del Agua y Economía Circular.
Respecto al almacenamiento energético, el Real Decreto establece, específicamente, un Comisionado para las Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento, encargado de promover la correcta ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este comisionado se ocupa de la divulgación y promoción de políticas y planes para la transformación de las cadenas de valor de la transición energética para asegurar un suministro energético seguro, sostenible y asequible.
No cabe duda de que este RD es fundamental para la estructura y operatividad del MITECO, ya que define y clarifica las funciones y competencias de las diversas direcciones y subdirecciones generales.
Marco Regulatorio del Almacenamiento Energético
Veamos a continuación, brevemente, el marco regulatorio destacando algunas de las normas, leyes y decretos más relevantes en el ámbito que nos ocupa:
a) Directivas de la Unión Europea
- Directiva 2018/2001 de la Unión Europea. Establece metas ambiciosas para el aumento de energías renovables y promueve el almacenamiento energético como parte esencial de la estrategia. Fue transpuesta a la legislación española mediante varios instrumentos legales. Uno de los principales es el Real Decreto 1183/2020, que regula el acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, incorporando así disposiciones de la directiva sobre el fomento de energías renovables y la eficiencia energética.
- Directiva 2019/944 (EU) de la Unión Europea, que regula la participación del almacenamiento de energía en el mercado eléctrico, incluida la prestación de servicios de flexibilidad en igualdad de condiciones con otros recursos energéticos. ha sido transpuesta a la legislación española a través del Real Decreto Ley 23/2020, y establece las bases para la integración de las energías renovables y la descarbonización de la economía.
b) Reales Decretos y Normativa Estatal
- Real Decreto 17/2019, que establece medidas urgentes para adaptar los parámetros retributivos del sistema eléctrico y facilitar el cese de actividad de centrales térmicas, impulsando así la transición a un sistema energético neutro en emisiones.
- Real Decreto Ley 23/2020. Se incorporan en la Ley del Sector Eléctrico y establece un marco regulatorio actualizado para facilitar la integración de tecnologías de almacenamiento energético e hibridación con instalaciones de generación renovable. Este RD viene a modificar el RD 1955/2000, que regulaba las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 1183/2020, que desarrolla reglamentariamente el artículo 33 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y regula por primera vez el acceso a las redes para las instalaciones de almacenamiento que inyecten energía a la red, permitiendo la hibridación de plantas de producción nuevas o existentes con sistemas de almacenamiento. Además, para fomentar su implementación, se determinó que, en el contexto de los concursos de capacidad, se podría considerar la incorporación de instalaciones de almacenamiento como un criterio valorativo.
- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030: Este plan establece objetivos y políticas para incrementar el almacenamiento energético, asegurando la integración eficiente de energías renovables en el sistema eléctrico. Incluye incentivos económicos y medidas regulatorias para promover el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento.
- Real Decreto Ley 8/2023, que introduce un régimen de garantías financieras para instalaciones de almacenamiento de energía. Según este decreto, se requiere una garantía económica de 20 euros por kW solicitado para el acceso y conexión de estas instalaciones. Este régimen está actualmente en proceso de ser modificado a través de un proyecto de ley, que busca eliminar la dualidad de garantías, un cambio esperado por el sector para facilitar el desarrollo del almacenamiento energético en España.
C) Estrategia estatal sobre almacenamiento energético.
Además de lo expuesto, y en consonancia con los intereses por propiciar una transición efectiva, a principios del año 2021, el consejo de ministros, a propuesta del MITECO, aprobó la Estrategia de Almacenamiento Energético que será clave para garantizar la seguridad, calidad, sostenibilidad y economía del suministro energético procedente de energías renovables. Se centra en desarrollar métodos eficientes para capturar y almacenar energía, permitiendo su uso cuando más se necesita. Involucra tecnologías como baterías, hidrógeno verde, y sistemas de almacenamiento térmico y mecánico para optimizar la gestión de recursos energéticos renovables y mejorar la estabilidad de las redes eléctricas. De forma explícita, la estrategia contempla disponer de una capacidad de almacenamiento de unos 20 GW en 2030 y alcanzar los 30 GW en 2050, considerando tanto almacenamiento a gran escala como distribuido.
Conclusión
Este marco normativo refleja el compromiso de España con los objetivos de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, orientando al Estado hacia un futuro más sostenible y energéticamente independiente.
